LA NARRATIVA OPOSITORA Y EL SAQUEO IMPERIAL: CUANDO LA DEMOCRACIA ES UN DISFRAZ PARA EL BOTÍN DE GUERRA

 **LA NARRATIVA OPOSITORA Y EL SAQUEO IMPERIAL: CUANDO LA DEMOCRACIA ES UN DISFRAZ PARA EL BOTÍN DE GUERRA**

Por: Francisco Quevedo

El 3 de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos secuestraron en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores, sacándolos del país en un acto que viola flagrantemente el derecho internacional público y el principio de inmunidad de jefes de Estado y funcionarios. La operación, denominada Determinación Absoluta, incluyó bombardeos en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El gobierno venezolano informó de más de 100 víctimas fatales. No hubo proceso judicial legítimo, ni extradición, ni respeto a la soberanía: fue un secuestro ejecutado con impunidad imperial. Lo que vino después no fue una explicación jurídica, sino una confesión imperial sin tapujos: el interés de Washington era, es y será el petróleo venezolano. Y la oposición venezolana, que durante años solicitó sanciones y acciones militares contra su propio país, se ha convertido en el artífice y cómplice de este delito contra la soberanía nacional.

**El "Cartel de los Soles": un pretexto que el propio Estados Unidos desechó**

La administración Trump justificó la agresión contra Venezuela con la existencia del supuesto "Cartel de los Soles", una organización narcoterrorista que, según la acusación original de 2020, era liderada por Maduro. Sin embargo, el 6 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó la mayoría de las alusiones a ese cartel en la nueva imputación. La presunta organización criminal ya no es descrita como un cartel, sino como un "sistema de clientelismo". Expertos y analistas señalaron que el Cartel de los Soles no existe como un ente criminal estructurado. El propio The New York Times detalló cómo el Departamento de Justicia decidió abandonar la afirmación de que el "Cartel de los Soles" es una organización criminal real.

Es decir, el pretexto que durante meses fue utilizado por Washington como sustento para justificar la estrategia de presión contra Venezuela fue desechado por sus propios creadores. La ficción acusatoria se desmoronó, pero el daño ya estaba hecho: el presidente venezolano había sido secuestrado y el saqueo petrolero estaba en marcha, todo ello con total desprecio por la inmunidad diplomática y las normas del derecho internacional.

**La Doctrina Trump: "Al vencedor le corresponde el botín"**

El 5 de agosto de 2026, en un acto público en Las Vegas, Trump lo dijo sin rodeos: "En Venezuela, fue una guerra de 48 minutos, y pagamos la guerra con lo que hemos sacado... al vencedor le corresponde el botín, y estamos haciendo lo mismo en la encantadora República Islámica de Irán". Describió la operación militar en Caracas como una "guerra de 48 minutos" y afirmó que Estados Unidos obtuvo muchas veces más del petróleo venezolano de lo que gastó en la operación. "Estamos sacando miles de millones de barriles de petróleo de Venezuela", se jactó, calificando el petróleo venezolano como un "trofeo" ganado por Estados Unidos.

Esa es la verdadera naturaleza de la intervención: no es democracia, no es libertad, es saqueo. Y Trump lo ha reiterado desde el primer día. El 3 de enero de 2026, tras el secuestro de Maduro, afirmó que este hecho "abrirá las enormes reservas petroleras de propiedad estatal de Venezuela a los gigantes petroleros previamente bloqueados". Prometió que Estados Unidos "tendrá una presencia en Venezuela, en lo que respecta al petróleo". El 9 de enero de 2026, emitió la Orden Ejecutiva 14373 para "proteger los ingresos petroleros venezolanos para el bien del pueblo estadounidense y venezolano". Y el 29 de enero, la OFAC emitió la Licencia General 46, autorizando a empresas estadounidenses a transar con petróleo de origen venezolano.

**El arsenal de sanciones: una década de asfixia planificada**

Esta agresión militar no surgió de la nada. Fue la culminación de una década de asfixia planificada mediante medidas coercitivas unilaterales. A enero de 2026, Venezuela acumula 1.088 sanciones internacionales, de las cuales 1.040 están activas. Estados Unidos es responsable de 930 de ellas, el 85% del total. La Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Suiza y Panamá suman las 158 restantes. Venezuela es el tercer país más sancionado del mundo, solo superado por Rusia e Irán.

El impacto económico ha sido devastador. La CEPAL documentó que Venezuela perdió el 91% del valor de sus exportaciones entre 2012 y 2020. Los ingresos nacionales cayeron de 56.000 millones de dólares a 700 millones. La pérdida acumulada de ingresos externos entre 2015 y 2021 alcanzó aproximadamente 642.000 millones de dólares. La Relatora Especial de la ONU, Alena Douhan, concluyó en 2021 que las sanciones "afectan al pueblo venezolano, tanto del sector público como privado, dentro y fuera de su territorio", generando consecuencias negativas en el disfrute de los derechos humanos.

**Dinorah Figuera: la artífice silenciosa del saqueo**

Para que el esquema de expoliación funcione, Washington necesita una fachada de legalidad que le permita disponer de los recursos venezolanos sin rendir cuentas al Estado legítimo. Esa fachada tiene nombre y apellido: Dinorah Figuera, presidenta de la extinta Asamblea Nacional de 2015.

Figuera es la artífice silenciosa facultada por la OFAC para que el gobierno de Donald Trump use los recursos de Venezuela que caen en las cuentas estadounidenses creadas por la Orden Ejecutiva 14373. Mediante la Licencia General Nº 42, emitida en mayo de 2023, esta persona —que dice operar en nombre de una institución cuyo período venció en 2021— accedió a 347 millones de dólares de fondos congelados en bancos estadounidenses. La licencia autoriza a una entidad jurídicamente inexistente a disponer de las deudas de la República y de Pdvsa. El Observatorio Venezolano Antibloqueo calificó este mecanismo como un "descarado intento de robo" de Citgo.

¿A quién representa realmente Dinorah Figuera? A los intereses de Washington, que mantiene un doble juego para controlar todos los frentes. Por un lado, reconocen a Delcy Rodríguez como jefa de Estado encargada para dar una apariencia de legalidad y, al mismo tiempo, chantajearla con la vida del presidente Nicolás Maduro. Por el otro, mantienen a Figuera como la artífice silenciosa que, con la bendición de la OFAC, permite que el gobierno estadounidense use discrecionalmente los recursos venezolanos depositados en cuentas norteamericanas.

Este es el círculo completo del saqueo: la fuerza militar secuestra al presidente, la Orden Ejecutiva 14373 confisca los ingresos petroleros, las licencias de la OFAC habilitan a una fachada opositora para disponer de esos fondos, y la vida de Maduro se usa como moneda de chantaje para que la autoridad legítima no pueda actuar. No es un doble juego pasivo: es un mecanismo de control total, donde cada actor cumple una función específica en la expoliación de la República.

**La hipocresía de las demandas internacionales**

Estados Unidos exige que Delcy Rodríguez asuma la responsabilidad en Venezuela por las demandas internacionales que son responsabilidad de Guaidó y Figuera. Es decir: los mismos que generaron las deudas ilegítimas ahora pretenden que otros paguen las consecuencias. Mientras tanto, el gobierno de Delcy Rodríguez ha dejado claro que no reconoce negociación que no esté dirigida por el Estado venezolano. La mandataria encargada ha calificado la Licencia General 42 como "violatoria de las leyes de Venezuela, del derecho internacional público, del derecho internacional privado".

**Violación de la soberanía, del derecho internacional y de la inmunidad**

Esta agresión viola todos los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 1 establece que son "derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional". El artículo 2 declara a Venezuela como un "Estado democrático y social de Derecho y de Justicia". El artículo 13 es aún más explícito: "El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros".

Además, el secuestro del presidente Maduro y de la diputada Cilia Flores constituye una violación grave del derecho internacional público, que protege la inmunidad de jefes de Estado y de funcionarios en ejercicio. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. El artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece la inviolabilidad absoluta del Jefe de Estado. La Corte Internacional de Justicia, en el fallo de 1986 sobre Nicaragua contra Estados Unidos, determinó que el principio de no intervención prohíbe a todo Estado intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado.

Estados Unidos, firmante de la Carta de la ONU, ha violado el derecho internacional público con esta acción. La Estrategia de Defensa Nacional de 2026, firmada por el Secretario de Guerra Pete Hegseth, es explícita: "Defenderemos de forma activa y sin miedo los intereses de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. Garantizaremos el acceso militar y comercial de Estados Unidos a terrenos clave, especialmente el Canal de Panamá, el Golfo de América y Groenlandia". Y sentencia: "Este es el corolario de Trump a la Doctrina Monroe, y el ejército estadounidense está preparado para aplicarlo con rapidez, poder y precisión".

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, firmada por el propio Trump, declara que "queremos asegurar que el Hemisferio Occidental permanezca razonablemente estable... queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave". Y sentencia: "En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un 'Corolario Trump' a la Doctrina Monroe". No hay aquí ningún ideal democrático. Hay una doctrina de dominación hemisférica.

**La oposición: artífices y cómplices**

La oposición venezolana ha sido el caballo de Troya de esta intervención. Durante años, solicitaron sanciones, bloqueos y acciones militares contra su propio país. El 18 de septiembre de 2017, Julio Borges declaró ante la OEA: "Nosotros hemos pedido sanciones económicas, sanciones financieras, sanciones personales, para que el régimen sienta la presión de la comunidad internacional". El 31 de mayo de 2017, ante el Parlamento Europeo, solicitó "sanciones personalizadas" contra autoridades venezolanas. El 7 de mayo de 2019, ante Fox News, declaró: "Todas las opciones deben estar sobre la mesa, incluyendo la opción militar, para lograr la liberación de Venezuela".

El 4 de diciembre de 2018, María Corina Machado envió una carta al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidiéndole "que apliquen su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano, íntimamente ligado al narcotráfico y al terrorismo". La carta, publicada por ella misma en la red social X, invocaba la doctrina de la responsabilidad de proteger y solicitaba la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU para un cambio de régimen.

La solicitud de órdenes de aprehensión incluyó a Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López y otros. Se han convertido en artífices, autores y cómplices de delitos contra la soberanía nacional y la existencia misma de la República.

Ahora, tras la guerra instaurada por Estados Unidos, la oposición manifiesta la solicitud a Washington para que se desarrollen elecciones en Venezuela, en lo que califican como una "transición". Pero esta solicitud no la hacen al pueblo venezolano, la hacen a un gobierno extranjero. Es la evidencia de que históricamente la derecha venezolana siempre ha estado sumisa a los intereses de Estados Unidos. No creen en la soberanía nacional, creen en su ambición de poder y en la garantía de ese poder al ponerse al servicio del imperio.

**Lo que la oposición quiere ignorar en su retórica de transición**

María Corina Machado, Dinorah Figuera y los demás dirigentes de la oposición hablan de Venezuela como una ficha de una sala de juegos o un terreno que pueden vender, arrendar y decidir de forma privada. Asumen la bandera de una mal llamada "transición" (misma frase usada desde el 2002), desconociendo la composición social y política de Venezuela. Quieren ignorar la existencia de millones de personas que se asumen bolivarianos y chavistas. No se trata de un gobierno de turno: se trata de un constructo histórico social que asume un proyecto de sociedad distinto al planteado por la oposición venezolana.

El chavismo no surgió de un vacío ni es una ideología pasajera: es la culminación de una lucha histórica de dos siglos. Es la misma bandera que Bolívar alzó contra el colonialismo español y que luego enfrentó las pretensiones de la Doctrina Monroe, la misma causa por la que Zamora proclamó "tierras y hombres libres" contra la oligarquía terrateniente antes de ser asesinado en San Carlos, el mismo grito de Cipriano Castro cuando enfrentó el bloqueo naval de las potencias europeas en 1902, la misma resistencia que derrotó la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, y el mismo pueblo que en 1989 salió a las calles durante el Caracazo para decir "basta" al paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional que Carlos Andrés Pérez pretendía imponer. Cada generación tuvo su momento de lucha, y en 1998 el liderazgo de Hugo Chávez unificó esas luchas históricas en un proyecto político que ganó las elecciones y refundó la República con la Constitución de 1999. Hoy, Nicolás Maduro sostiene aún esa lucha frente a los grandes apellidos que representan a las élites antipopulares de Venezuela (los Mendoza, los Machado, los Zuloaga, los Capriles), quienes a lo largo de la historia han estado involucrados en el derrocamiento de diversos gobiernos y en la subordinación del país a intereses foráneos.

La perspectiva opositora no solamente niega al chavismo, sino que pretende borrar de un plumazo dos siglos de resistencia popular. Supone una postura de guerra civil entre ciudadanos y ciudadanas, donde la voluntad de las mayorías queda subordinada a los intereses de una élite que históricamente ha pactado con potencias extranjeras. La oposición de hoy repite los mismos errores, los mismos discursos y las mismas alianzas con el imperio que sus antecesores. Pero Venezuela no es un botín, no es una transacción, no es una pieza en un tablero de ajedrez geopolítico. Venezuela es un pueblo con memoria, con conciencia y con voluntad de decidir su propio destino.

**Contradicción insalvable**

El contraste de discursos es la prueba definitiva: la oposición habla de democracia; Estados Unidos habla de botín de guerra. La oposición busca el poder no por vías electorales sino con el poderío militar de Estados Unidos. Estados Unidos solo quiere que Venezuela le entregue sus recursos, imponiendo "la paz a través de la fuerza", una paz que no es más que países al servicio de sus intereses y bajo el control de su fuerza militar, económica y política.

La narrativa opositora está sumamente alejada de la realidad de los intereses de Estados Unidos. Mientras la oposición venezolana quiere hacer creer a la opinión pública que Washington está interesado en instaurar una democracia, Trump ya ha dejado claro que su interés es el petróleo y que "al vencedor le corresponde el botín". La oposición no es más que un instrumento de esa política de saqueo, y su pretensión de democratización es el más patético de los disfraces para encubrir la entrega de la soberanía nacional.

**Una vocación de paz forjada en la historia**

La gestión de Delcy Rodríguez en favor del diálogo y la paz no es una táctica improvisada, sino la continuidad de una decisión estratégica que el chavismo tomó mucho antes de llegar al poder. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1996, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) realizó una Asamblea Nacional en el Teatro Chacaíto de Caracas para definir si participaría en las elecciones presidenciales de 1998. Cerca del 90% de los delegados se oponía inicialmente a la vía electoral. Chávez zanjó el debate con una frase que se volvió histórica: "Muchachos, más nunca una gota de sangre debe derramarse... si hay una ventana de oportunidad vamos a abrirla, vamos por el camino electoral". Esa decisión fue el acta de nacimiento de un proyecto que ha hecho de la paz su principal bandera.

Esa vocación fue puesta a prueba el 13 de abril de 2002, cuando Chávez regresó al poder tras el golpe de Estado y el secuestro al que fue sometido durante 47 horas. Su primera decisión no fue la venganza ni la represión, sino convocar al diálogo nacional y promulgar una Ley de Amnistía para los involucrados en el golpe. Veinte años después, el gesto se repite: en 2026, tras el secuestro del presidente Maduro, la respuesta del Estado venezolano volvió a ser la misma, con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Nicolás Maduro continuó ese camino. En 2014, en medio de las guarimbas que dejaron 43 fallecidos, convocó la Conferencia Nacional por la Paz, con participación de empresarios, Iglesia y gobierno, que derivó en una mesa de diálogo con mediación de UNASUR y el Vaticano. En 2016 impulsó otra mesa de diálogo en Caracas. En 2017, ante la escalada de violencia que dejó 164 fallecidos, convocó una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo explícito de restaurar la paz de la República. Y Delcy Rodríguez fue parte central de ese proceso: como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, condujo la redacción de un nuevo marco jurídico orientado a la pacificación del país y a la convocatoria a elecciones para renovar todos los poderes públicos.

Las mesas de diálogo continuaron en Santo Domingo (2017), Oslo y Barbados (2019), y México (2021-2023), donde se logró el Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales. En cada una de esas instancias, el chavismo demostró su disposición a resolver los conflictos por la vía pacífica, aun cuando la oposición aprovechaba cada tregua para rearmarse y solicitar más sanciones contra el país.

Frente a la embestida imperial, la jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez, ha optado por la vía del diálogo y la diplomacia como único camino para preservar la existencia de la República, los derechos irrenunciables de la Nación y la paz, así como la vida del presidente Nicolás Maduro. Su gestión es heredera directa de aquella decisión de 1996, de aquella amnistía de 2002, de aquellas mesas de diálogo de 2014, 2016, 2017, 2019 y 2021, y de aquella Constituyente de paz que ella misma presidió. Es la misma vocación democrática, la misma apuesta por la vida y la misma determinación de no ceder ante los violentos. Mientras la oposición entrega el país a intereses foráneos, Rodríguez defiende la soberanía con las herramientas que el derecho internacional y la Constitución le otorgan, rechazando cualquier negociación que no esté dirigida por el Estado venezolano y denunciando las licencias que vulneran la legalidad. Su gestión no busca el botín, sino la integridad territorial y la autodeterminación del pueblo venezolano, en contraste absoluto con quienes han puesto su ambición de poder por encima de la Patria.

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